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El Diario de Hoy, 22 de octubre de 2014

Los funcionarios públicos que niegan la información que solicita la ciudadanía y que luego acuden a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) envían un mensaje negativo, dijo ayer el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

"Creo que sin duda se está mandando un mal mensaje a la población porque prácticamente todas las instituciones públicas para ser opacas tendrían que acudir a instancias que no están prevista a la ley", cuestionó el comisionado Jaime Campos ayer en una entrevista al canal 12.

El comisionado tildó además de incorrecta este tipo de actitudes como las mostradas por instituciones como la Asamblea Legislativa que acudió a esa instancia judicial tras negarse a dar información sobre los asesores.

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El Diario de Hoy, 22 de octubre de 2014

La libertad de expresión y de prensa sufrieron un marcado deterioro en los últimos seis meses, por causa de una mayor censura y de ataques físicos a periodistas, concluyó ayer la 70ma asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

El organismo también emitió una resolución sobre acceso a la información, en la que afirma que en países como El Salvador es uno de los escollos que atraviesa el periodismo libre.

El Salvador también denunció ante la SIP el caso del canal 11, al cual le asignaron la frecuencia del canal 37 de un plumazo y sin cumplir las reglas establecidas, lo cual ha generado una batalla legal de las televisoras locales.

Según la SIP, la transparencia y el acceso a la información pública sigue "como un escollo para el libre ejercicio del periodismo" en El Salvador, así como en Argentina, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Perú y República Dominicana.

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Miércoles, 22 de octubre de 2014

En sentencia emitida el veinte de octubre del presente año, la Sala de lo Constitucional otorgo amparo a la Asociación Salvadoreña para la Protección de Datos e Internet –INDATA–, la cual actuó en defensa de un interés de la colectividad; contra la sociedad Equifax Centroamérica, conocida como DICOM, por la vulneración del derecho a la protección de datos personales o derecho a la autodeterminación informativa de los titulares de los datos.

La sentencia 142-2012 profundiza acerca del derecho a la autodeterminación informativa, protección de datos personales y la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Crédito de las Personas. Como consecuencia se le ordena a la empresa DICOM realizar las diligencias necesarias a efecto de depurar su base de datos y eliminar la información que haya sido recopilada y almacenada sin el consentimiento expreso de sus titulares. También debe abstenerse de utilizar, transferir y comercializar a cualquier título y destino, la información de las personas que conste en su base de datos, a menos que en cada caso individual cuente con el consentimiento expreso de sus titulares, lo cual debe acreditarse debidamente.

Finalmente la Sala responsabiliza a la Super Intendencia del Sistema Financiero de velar por el cumplimiento de la sentencia.

 

 

 

 

Martes 21 de Octubre de 2014

El Insitito de Acceso a la Información Pública, emitió la resolución 78-A-2014, en donde ordeno a la Presidencia de la Republica tomara las acciones pertinentes para recuperar el acta de los Acuerdos de Paz suscritos entre el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el 16 de enero de 1992. Una vez recuperada, debía entregar una copia certificada del documento a la ciudadana Domitila Rosario Piche Osorio, quien el pasado 6 de mayo de 2014 solicitó a la Oficial de Información de Casa Presidencial, una copia del documento, petición que no pudo cumplirse debido a que se desconocía su paradero; y luego enviarla al la Archivo General de la Nación.

 

En el texto de la resolución se desarrollan temas como el Derecho de Acceso s la Libertad de Expresión (DAIP) y el deber de resguardo y conservación de los documentos que contempla la LAIP.

 

 

El Faro, Lunes 20 de octubre de 2014

El desacato, la arbitrariedad y hasta hacer esperar a los usuarios para ganar tiempo son prácticas de instituciones estatales que marcan los primeros tres años y medio de la Ley de Acceso a la Información Pública. Este recuento de los artificios para burlar la ley se construyó a partir de las experiencias del Instituto de Acceso a la Información, de un organismo privado que vigila la aplicación de la ley y de una serie de peticiones de información hechas por El Faro.

A tres años y medio de vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), el gobierno, particularmente por medio de los órganos Ejecutivo y Legislativo, ha utilizado primordialmente tres mecanismos para burlar las exigencias de la normativa, con lo que por medio de prácticas que van desde el abuso de declarar bajo reserva información que debería estar en manos de la ciudadanía, hasta el desacato a las instituciones vigilantes del cumplimiento de la ley, ha evitado que el público tenga acceso a información sobre las actuaciones de gobierno.

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Miércoles 15 de octubre de 2014

El pasado viernes 10 de octubre del presente año, la Sala de lo Constitucional declaró improcedente una demanda de inconstitucionalidad en contra del art. 70 de la Ley de la Carrera Judicial. El articulo objeto de impugnación establecía el carácter reservado del procedimiento administrativo sancionador contra los miembros de la carrera judicial.

Según el tribunal, no es necesaria la declaratoria de incosntitucionalidad ya dicho artículo se encuentra derogado tácitamente por el artículo 110 Ley de Acceso a la Información Pública.

Puede leer el texto completo de la resolución en el siguiente enlace: 106-2014