Sentencias relativas al Derecho de Acceso a la Información

1-Sentencia de Inconstitucional Acumulada 1-2010/27-2010/28-2010: dictada a las catorce horas con quince minutos del día veinticinco de agosto de dos mil diez.

Esta sentencia es relevante porque es la primera vez que la Sala de lo Constitucional establece que el derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental. Esto implica que se trata de un derecho que goza de la protección y garantías que se reconocen en la Constitución de la República, lo cual supone una protección reforzada. De forma general, también es importante porque se establece que la población tiene derecho a estar informada de todos los asuntos de interés colectivo y la gestión pública. De forma específica, es importante porque obliga al Estado a ser transparente en la formulación del presupuesto general de la nación.

 

2- Sentencia de Inconstitucionalidad 91-2007: dictada a las quince horas con cincuenta minutos del día veinticuatro de septiembre de dos mil diez.

Esta sentencia desarrolla abundantemente la relación entre libertad de expresión y el derecho de acceso a la información, como derechos esenciales de la persona humana garantizados en tratados internacionales vigentes en nuestro país. Esta decisión es importante para el derecho de acceso a la información, porque desarrolla un poco más su contenido y establece claramente un asidero constitucional en el artículo 6 Cn.

 

3- Sentencia de Inconstitucionalidad Acumulada 15-2011/38-2011: dictada a las quince horas del día cuatro de noviembre de dos mil once, reitera los criterios establecidos en la Sentencia de Inconstitucional Acumulada 1-2010/27-2010/28-2010, sobre la transparencia presupuestaria.

 

4- Sentencia de inconstitucionalidad 13-2012: dictada a las once horas del día cinco de diciembre de dos mil doce.

Esta sentencia es la primera sentencia de la Sala de lo Constitucional específica sobre el derecho de acceso a la información. En este fallo, se constata la aplicación práctica de los mecanismos de protección de los derechos fundamentales, ya que se declara la inconstitucionalidad de algunos artículos del Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública, porque las limitaciones a derechos fundamentales solo pueden establecerse por medio de ley formal, entre otros. Se establece que la titularidad de la información pública recae en los ciudadanos y no en la Administración Pública, por lo que no hay razón para que se niegue acceso a la misma.

Este pronunciamiento establece que el derecho de acceso a la información pública supone una prestación a favor de los ciudadanos, respecto de la cual el Estado tiene la obligación de entregarla de manera completa, fidedigna, veraz y en debido tiempo. Asimismo, establece que en caso de negativas de información, lo cual solo debe proceder por causas legales previamente establecidas, el Estado deberá fundamentar adecuadamente los motivos de dichas negativas y, bajo ninguna perspectiva, ni siquiera por la vía de su regulación legal, podrá denegarse información cuando dicha decisión resulte en una actuación incompatible con la Constitución.

 

5-Sentencia 608-2010: dictada a las diez horas y cuatro minutos del día treinta de enero de dos mil trece.

Lo más relevante de este amparo es que, por tratarse de un derecho fundamental constitucionalmente protegido, la Sala de lo Constitucional interviene para garantizar su protección, porque en ese momento aun no se había creado la institución responsable de su protección conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública. En esta sentencia se reitera el derecho que tienen las personas a obtener información de fuentes que contengan datos de relevancia pública. La Sala manifiesta que de conformidad con los principios de dicho derecho, la información pública debe ser suministrada al requirente de manera oportuna, transparente, en igualdad de condiciones y mediante procedimientos rápidos y sencillos. Es decir que la administración tiene la obligación de crear los procedimientos para entregar la información, de forma sencilla, rápida y completa; y si la información no está en manos de la entidad requerida, debe indicar al ciudadano a donde se puede encontrar.