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Martes 3 de junio de 2014

Descargue aquí el comunicado difundido por ALAC-FUNDE en relación al caso donde el TEG  absuelve a los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa por el despifarro de dinero en 2012.

 

Martes 3 de Junio de 2014

Descargue aquí la resolución 2-d-13 del Tribunal de Ética Gubernamental en relación a la denuncia del despilfarro que realizó la Asamblea Legislativa en el año 2012 respecto a compra de arte, regalos navideños y compra de licor. El TEG absuelve a los miembros de la Junta Directiva, de toda responsabilidad

 

 

La Prensa Gráfica, 14 de mayo de 2014

En el marco de la conmemoración del tercer aniversario de la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, el 8 de mayo, el Gobierno publicó en este medio un comunicado titulado: “El derecho de acceso a la información pública es un compromiso cumplido”. Considero, como ciudadano, que lo expresado en ese titular no es cierto y por ello, dedico este espacio a argumentarlo.

En primer lugar, el anuncio destaca que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) de El Salvador ha sido calificada positivamente a escala mundial. Eso es cierto, pero para que ese contenido siga teniendo utilidad fue necesario que la Sala de lo Constitucional eliminara unas normas emitidas por el Presidente de la República con las cuales anulaba la eficacia de la LAIP (Inconstitucionalidad 13-2012). En el Reglamento de la LAIP, el Presidente Funes se inventó causales no consideradas en la ley para ocultar a los ciudadanos el quehacer del Gobierno. La disposición era tan general que prácticamente dejaba a la arbitrariedad del Gobierno dar o no dar información. Por ejemplo, decía que esta sería negada si afectaba la seguridad política, un concepto artificial y vacío de contenido el cual utilizaría a su conveniencia. La Ley es buena porque nació de una propuesta de la sociedad civil y porque la Asamblea Legislativa conservó la mayor parte de su contenido al aprobarla.

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La Prensa Gráfica, El Centro de Estudios Jurídicos, 12 de mayo de 2014

El día 8 de mayo se cumplieron tres años de vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, aunque por virtud de las varias disposiciones transitorias, fue hasta hace dos años que en realidad pudo aplicarse en su integridad.

Contar con esta normativa marcó un hito histórico en nuestro país, porque sin duda constituyó el punto de inicio hacia una reculturización en la administración de la cosa pública. La entrada en vigor de esa ley significó que nuestro país pudiera dar un paso decisivo y sin marcha atrás, en la búsqueda de una gestión transparente de la administración y en el otorgamiento a la ciudadanía de una herramienta invaluable en su rol de censor de esa administración.

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La Prensa Gráfica, 9 de mayo de 2014

En estos tres años de vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), que se cumplieron ayer, si habría que poner una nota al Estado salvadoreño sobre transparencia, el capítulo de Transparencia Internacional (TI) representado en la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) no vacila en ponerla: 3.8, es decir 38 puntos de 100 posibles. Es decir, aún no hay mucha transparencia en el país, o, como lo dicen representantes de FUNDE, aún hay percepción de mucha corrupción del Gobierno.

Ayer se cumplieron tres años de la LAIP y las instituciones que se dedican a velar por el cumplimiento de esta publicaron sus informes y consideraciones sobre los buenos cambios que con la nueva normativa ha habido a la fecha y de lo que todavía el Gobierno está lejos de completar.

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La Prensa Gráfica, 9 de mayo de 2014

La Asamblea Legislativa sigue siendo de las principales instituciones públicas que niegan más información y que menos ha cumplido la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), de acuerdo con las conclusiones de Roberto Burgos, del Centro de Asistencia Legal y Anti Corrupción (ALAC), quien junto a la Fundación Nacional para el Desarrollo forma Funde-Alac, capítulo salvadoreño de Transparencia Internacional.

Funde-Alac presentó ayer su cuarto informe sobre derecho de acceso a la información, en el que se refleja que el trabajo de los oficiales de información es profesional, pero hay casos en el que los titulares de las instituciones ponen tropiezos para la fluidez de la información. Este es el caso de la Asamblea, aseguró.

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