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El Blog, 30 de enero de 2014

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) impuso una sanción de $4 mil a los magistrados propietarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por infringir el proceso para el nombramiento del oficial de información.Según el IAIP, la multa deberá cancelarse en el Fondo General de la Nación dentro de los 8 días hábiles siguientes a la notificación, caso contrario, se certificará a la Fiscalía General de la República para su ejecución forzosa.

Según la resolución, el TSE nombró al Oficial de Información hasta el 8 de diciembre de 2013, cuando la Ley de Acceso a la Información Pública entró en vigencia el 8 de mayo de 2011, venciéndose  el plazo de 180 días después de dicha vigencia.

El TSE había designado temporalmente como Oficial de Información Ad-Honorem al Magistrado propietario, Fernando Argüello Téllez. La LAIP avala únicamente el caso de las municipalidades que cuentan con un presupuesto anual ordinario menor a dos millones de dólares, las cuales podrán nombrar al Secretario Municipal o a cualquier mimbro del Concejo Municipal, caso contrario la función Oficial de Información tiene que ser realizada por un servidor que no cuente con otro cargo dentro de la administración pública. 

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El Diario de Hoy, 27 de enero de 2014

La Gerencia del Programa de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) notificó a este medio que el estudio para el diseño de cobro electrónico para el Sitramss es una "información reservada".

El estudio fue solicitado por El Diario de Hoy el pasado 19 de diciembre de 2013, pero fue hasta el pasado 21 de enero que la Oficina de Información y Respuesta (OIR) del Viceministerio de Transporte (VMT) envió una contestación. Haciendo uso de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), este medio le solicitó al VMT el estudio tarifario elaborado por la empresa española ALG, el cual ellos denominan: "Implementación del Modelo de recaudación para el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss)".

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Martes 28 de enero de 2014

Descargue  escrito de apelación por parte de ALAC-FUNDE, en caso de correos electrónicos, de dos funcionarios de la CSJ, catalogados como información reservada.

 

El Blog, 28 de enero de 2014

La Corte en Pleno (9 votos) acordó no entregar la información solicitada por el IAIP, por considerar que los correos electrónicos se encuentran en la esfera de protección constitucional emanada del principio de inviolabilidad de correspondencia.

El IAIP admitió un recurso de apelación contra la Corte debido a la inconformidad de un ciudadano por la denegatoria de información que consiste en la copia de correos electrónicos intercambiados entre las cuentas oficiales del Órgano Judicial, entre el señor Salomón Padilla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y David Orestes Ortez Quintanar y el exgerente de Asuntos Jurídicos del Órgano Judicial, entre  1 y 15 de octubre de 2013.

En la admisión del recurso se decretaron dos medidas cautelares, la primera que a través del administrador de las cuentas de correos institucionales de la Corte  se realice una copia de respaldo en formato electrónico e impreso de la información solicitada y que se remita al IAIP la copia en formato electrónico, la cual será resguardada de manera confidencial.

Según el IAIP, las medidas cautelares  están fundamentadas en el artículo 85 letras b y c de la Ley de Acceso a la Información Pública, donde se establece que se puede solicitar al titular del Ente Obligado la adopción de medidas especiales de resguardo y copia de seguridad de la información solicitada.

 

La Prensa Gráfica, 27 de enero de 2014

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) estará dando a conocer el próximo miércoles su veredicto en contra de la denuncia en contra del Ministerio de la Defensa, confirmaron los comisionados de la entidad, esta mañana.

La resolución del instituto puede ir en dos sentidos: el pleno puede ordenar una nueva búsqueda de los documentos solicitados o aceptar los argumentos de inexistencia de los mismos, ofrecida por Defensa.

El IAIP sigue un proceso contra el Ministerio de la Defensa desde que recibió un recurso de apelación de ciudadanos, a quienes el Ejército les denegó la información sobre los operativos realizados durante la guerra civil.

El oficial de información del Ministerio de la Defensa dijo que la información era inexistente. Ante esa respuesta, los ciudadanos llegan al Instituto, que tuvo a bien ordenar el reconocimiento de los archivos.

En la audiencia de hoy, uno de los denunciantes dijo: "Nos pusieron barricadas como si fuéramos delincuentes". El abogado del Ejército argumentó “que solo hay archivos de lo ocurrido de 1988 a la fecha. Operativos previos no fueron documentados”. "Jamás vamos a encontrar un documento que se denomine operación masacre tal", agregó el abogado.

El IAIP buscó realizar un reconocimiento del archivo militar para determinar si existen documentos de operativos militares realizados por el Ejército, entre 1981 y 1983, en los cantones de Tenancingo y Guadalupe, municipio de Suchitoto, del departamento de Cuscatlán; y en el cantón San Francisco Angulo, municipio de Tecoluca, San Vicente; sin embargo, a ellos también les fue negada la información. La diligencia se frustró porque Defensa aseguró que el acceso tenía que ser autorizado por el presidente de la República, Mauricio Funes.

 
Compartimos el comunicado oficial del Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP, ante la negativa de la Fuerza Armada a el ingreso a las instalaciones de los archivos de la institución castrense para la realización de un reconocimiento ordenado por el Instituto dentro de un caso de apelación por la respuesta de Ejército de que los datos pedidos eran inexistentes. La información requerida se refería a operativos militares, llevados a cabo durante 1981 y 1983 en los cantones de Tenancingo y Guadalupe, municipio de Suchitoto, del departamento de Cuscatlán; y en el cantón San Francisco Angulo, municipio de Tecoluca, San Vicente.

Como sociedad civil debemos estar atentos para que se respete la Ley de Acceso a la Información Pública y que este tipo de respuesta no se convierta en un patrón de las instituciones obligados en los casos de información delicada o incómoda para sus funcionarios. Lo que debe prevalecer es el derecho al acceso a la información pública de la ciudadanía y el principio de máxima publica, donde la reserva sólo ocurra en casos excepcionales. Asimismo, debe recordarse el art. 19 inciso final de la LAIP "no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de trascendencia internacional". Si bien en este caso lo que se ha declarado es la inexistencia, se debe entender por analogía que en casos donde se trate de violaciones graves a los derechos humanos, la verificación sobre la existencia de la información debe ser aún más exhaustiva. Según el art. 87 de la LAIP el Instituto, a través del comisionado designado para la tramitación del caso, está facultado para recabar pruebas en los casos que se le presentan y el reconocimiento o inspección son mecanismos válidos para ello.