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Diario Colatino, 4 de abril de 2014

El presidente de la Corte de Cuentas de la República, Rosalío Tóchez, informó que sus técnicos están listos para ejecutar las auditorías correspondiente a la administración saliente del presidente Mauricio Funes para que pueda recibir el nuevo gobierno del presidente electo Salvador Sánchez Céren.

“No es lo que ellos van a permitir, lo vamos hacer. Allí vamos a estar”, aseveró el funcionario cuando el entrevistador del espacio televisivo “Ocho en Punto” le preguntó si se iba auditar a la administración saliente.

El funcionario explicó que la CCR va estar presentes en la transición de cambios de bienes. “El que se va, aunque no pida la auditoría, se le va hacer”, subrayó tras aclarar que si todo está bien el presidente saliente obtendrá su finiquito al cual tiene derecho.

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El Blog, jueves 3 de abril de 2014

En esta oportunidad el representante de Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Ramón Villalta, dijo que es necesario que los nuevos funcionarios den a conocer a los bienes patrimoniales con que cuentan al momento de ser nombrados.

De acuerdo a Villalta, se debe garantizar el cumplimiento de idoneidad, moralidad y compromiso social. Además, pidió que los nuevos funcionarios se comprometan a profundizar en la transparencia y dar el respaldo a los oficiales del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). De igual manera, señaló que la rendición de cuentas es una situación que debe de institucionalizarse.

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La Prensa Gráfica, Editorial, 31 de marzo de 2014

Estamos a las puertas de una nueva Administración gubernamental, y todo el proceso previo a la definición de la misma ha sido un verdadero muestrario de prácticas confusas y de malentendidos evitables. No cabe duda de que nuestra democracia en crecimiento aún tiene muchas lecciones por aprender, y las variadas resistencias que se presentan en el camino se convierten por contraste en auténticos reclamos concretos para hacer las cosas bien, en cualquier espacio o posición que sea. Cada experiencia democrática trae y deja lo suyo, como se puede graficar a lo largo del tiempo; y esto es aún más patente a partir de la alternancia que se dio en 2009, por las características especiales de la misma y porque durante el período que está por concluir ha prevalecido una conflictividad que está más allá de lo normal y esperable.

 


Hay que reconocer que en los años recientes se han hecho importantes avances en el tema de la transparencia pública, aunque esos mismos avances ponen de manifiesto que aún hay mucho camino por recorrer, especialmente en lo que corresponde a la manera en que la institucionalidad asume la obligación de dejar todas sus actuaciones a la vista. La Ley de Acceso a la Información Pública fue un logro de primer orden, pese a que nació con limitaciones impuestas por las resistencias del poder a dejar visibles sus movimientos más comprometedores. En todo caso, la dinámica transparentadora se ha hecho cada vez más notoria en el ambiente, y eso, en lo esencial, ya no parece poder dar marcha atrás.

Hay que recalcar el hecho de que la transparencia en las decisiones y en las actitudes de los responsables de la conducción del aparato público, cualquiera que sea la rama del mismo, debería ser no sólo adecuación formal a lo que la ley establece al respecto, sino compromiso natural para aquéllos que llegan a ejercer funciones en los distintos ámbitos políticos y administrativos. Es decir, la transparencia constituye, en primer término, una cultura personal e institucional, que en ningún sentido puede quedar al arbitrio de los responsables.

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Transparencia Activa, martes 25 de marzo de 2014

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ha resuelto en el último año 110 casos referentes al derecho a la información y a la transparencia.

Durante la inauguración de sus nuevas instalaciones, el comisionado del IAIP, Jaime Campos, informó que la entidad procesó 85 apelaciones, 15 denuncias, dos procedimientos de oficio y nueve faltas de respuesta a personas y a organizaciones que vieron afectado su derecho.

Los comisionados son propuestos al Presidente por una elección de los sectores sindical, académico, profesional, periodistas y empresarial.

Campos señaló que a un año de funcionamiento del Instituto el principal reto es que la ciudadanía se empodere de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), por lo que subrayó la importancia de construir puentes con organizaciones de la sociedad civil para mejorar en ello.

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Diario El Mundo, Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional El Salvador, 20 de marzo de 2014

El derecho de acceso a la información pública reconocido como derecho fundamental por la Sala de lo Constitucional, expresa en su jurisprudencia que: “en una sociedad democrática es deber del Estado garantizar la transparencia en la actuación de los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones oficiales, así como la publicidad en la administración y destino de los recursos y fondos públicos. Este deber de transparencia está en íntima conexión de interdependencia con el derecho de acceso a la información de interés público”.

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Honduras: Proceso Digital, Martes 11 de marzo de 2014

 

La Ley de Secretos Oficiales fue publicada el pasado viernes en el diario oficial La Gaceta, por lo tanto ya es norma de la República.

El coordinador de la Alianza por la Paz y la Justica (APJ), Josué Murillo, expresó que “esta es una violación más a la dignidad del pueblo hondureño y no debemos permitir que se violen derechos fundamentales de los ciudadanos”.

Explicó que la ley otorga facultades a cualquier ministro para declarar información en secretividad por un plazo de hasta 20 años.

Dijo que los principales afectados con la Ley de Secretos Oficiales son los medios de comunicación y grupos de sociedad civil. “Sin información no podemos ser auditores sociales de las prácticas del Estado”, añadió.

Murillo calificó como “inmoral” que el gobierno haya firmado una carta de intenciones para la transparencia e integridad pública, con el organismo “Transparencia Internacional”.

El joven representante de la sociedad civil afirmó que la referida norma ha sido calificada como “Ley Antitransparencia y Procorrupción en Honduras”.

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